La Xunta nombra los miembros del Tribunal Administrativo que va a resolver los recursos especiales en el campo de la contratación pública
- El presidente de este organismo será el letrado Santiago Valencia, actual jefe de Asuntos Constitucionales de la Xunta
- Los vocales, Ana María de Frutos y Tomás Otero, también son funcionarios de carrera
- Con este tribunal, Galicia podrá resolver los recursos especiales que se presentan en el campo de la contratación, una función que ahora realiza el Tribunal administrativo central de recursos contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda
- El Tribunal actuará con independencia en el ejercicio de sus competencias y su ámbito de actuación también incluirá la Administración local y las universidades
El Consello da Xunta acordó hoy el nombramiento de los tres miembros del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, un organismo que se encargará de resolver los recursos especiales en el campo de la contratación administrativa. La presidencia del tribunal será ocupada por el letrado Santiago Valencia, actual jefe de Asuntos Constitucionales de la Xunta de Galicia, mientras que los dos vocales serán Ana María de Frutos y Tomás Otero. Los tres miembros del tribunal son funcionarios de carrera.
Santiago Valencia Vila nació en 1973 y se licenció en Derecho por la Universidad de A Coruña. Es funcionario de carrera de Junta y pertenece a la escala de letrados de la Xunta desde 1998 –accedió como número uno de su promoción. En la actualidad, es el jefe de gabinete de Asuntos Constitucionales en la Asesoría Jurídica General de la Xunta. Previamente ejerció de letrado en distintos destinos de la Administración autonómica.
En cuanto a las dos personas nominadas vocales, Ana María de Frutos Martínez nació en 1962 y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago. Es funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Xunta, administración a la que accedió en 1985. Hasta ahora desempeñaba el cargo de jefa del servicio del Registro General e información a la ciudadanía de la Xunta, dependiente de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Justicia.
El otro vocal nombrado hoy es Tomás Ferreiro Otero, nacido en 1974 y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago. Es funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional desde 2001, y en la actualidad es jefe del servicio de Gestión y Coordinación Administrativa en la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, en la Consellería de Política Social.
Con la puesta en marcha de este tribunal, que se producirá en las próximas semanas una vez que los nombramientos se publiquen en el DOG, Galicia asumirá una competencia que en este momento es desarrollada por el Estado, dado que en la actualidad los recursos especiales –los de mayor relevancia en la contratación pública- en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia son resueltos por un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda.
Las tres personas nombradas hoy fueron seleccionadas luego de una convocatoria pública en la que se estableció que el presidente del Tribunal debe ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y con una experiencia profesional superior a diez años; mientras que los vocales también se designan entre aquellos funcionarios de carrera que cuenten con el título de licenciado o grado en Derecho y que tengan una actividad profesional superior a diez años.
La duración del mandato de los miembros del tribunal será de seis años, aunque la primera renovación del tribunal se realizará de forma parcial a los tres años del nombramiento.
Funciones
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma actuará con total independencia en el ejercicio de sus competencias, y tendrá entre sus funciones el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación. Entre ellos figuran los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, o de suministro y servicios que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
También resolverá los recursos referentes a acuerdos marco que tengan por objeto a celebración de alguno de los contratos antes mencionado, y los recursos por concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.
El ámbito de competencia de este tribunal abarcará la Xunta y las entidades del sector público autonómico que tengan la consideración de poder adjudicador; las entidades locales, y sus respectivas entidades que sean poder adjudicador; y por último a las universidades públicas.
Durante el año 2016 –último año con datos– el Tribunal administrativo central de recursos contractuales resolvió 173 reclamaciones procedentes de Galicia, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este tipo de recursos serán asumidos por la Comunidad Autónoma de Galicia con la puesta en marcha de este tribunal.